La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió cancelar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, en el marco de una revisión de los servicios de protección que brinda la entidad.
La medida incluye los recursos destinados a la protección de estas tres personas, entre ellos los relacionados con escoltas, vehículos y demás elementos que hacen parte de los esquemas de seguridad.
Revisión de los recursos de protección
La decisión vuelve a poner sobre la mesa el costo de los esquemas de seguridad financiados con recursos públicos y los criterios utilizados para determinar quiénes deben contar con este tipo de protección.
La UNP ha venido revisando los esquemas asignados con el propósito de establecer cuáles deben mantenerse de acuerdo con las condiciones de riesgo y las disposiciones correspondientes.
El caso de Muñoz, Guerrero y Coral genera debate sobre el uso de los recursos destinados a la protección de personas y sobre las condiciones que deben cumplirse para acceder a estos servicios.
La cancelación de los esquemas no implica, por sí sola, una conclusión sobre las condiciones de seguridad de las personas involucradas, sino una decisión dentro del proceso de revisión adelantado por la entidad.
