En medio de una crisis humanitaria que lleva años sin resolverse, la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha sido señalada por sectores sociales y medios de comunicación por su presunta instrumentalización del caso de los menores indígenas emberá, quienes permanecen en condiciones precarias en distintos puntos de la ciudad.
Desde el 2020, centenares de indígenas emberá —en su mayoría desplazados por la violencia y el abandono estatal— han llegado a la capital en busca de refugio. Muchos de ellos se han asentado en espacios públicos como el Parque Nacional, y más recientemente, han sido reubicados en centros transitorios del Distrito, como La Rioja y La Florida. Entre ellos, un número alarmante de niños y niñas enfrentan hacinamiento, enfermedades, desnutrición y falta de acceso a servicios básicos.
La tensión alcanzó un nuevo pico cuando la Alcaldía, a través del secretario de Integración Social, Roberto Angulo, radicó ante la Fiscalía una denuncia por la presunta utilización de menores emberá en redes de microtráfico, específicamente en el sector de San Bernardo. Según la administración, algunos niños estarían siendo instrumentalizados para transportar estupefacientes entre zonas del centro y los campamentos donde habita la comunidad indígena.
Estas acusaciones generaron reacciones inmediatas. La Defensoría del Pueblo rechazó los señalamientos y defendió la legitimidad de la guardia indígena, asegurando que no se deben estigmatizar prácticas culturales ni criminalizar a comunidades enteras sin pruebas contundentes. También organizaciones de derechos humanos alertaron sobre el riesgo de que estas denuncias distraigan la atención del verdadero problema: la ausencia de una política pública eficaz para atender a los pueblos indígenas desplazados.
Por su parte, el Distrito afirma haber ofrecido alternativas seguras para los niños, como el ingreso al programa “Centro Amar”, que brinda alojamiento nocturno, alimentación y atención psicosocial. Sin embargo, según la Alcaldía, las madres emberá han rechazado estas opciones debido a presiones internas de su comunidad, particularmente de la guardia indígena, lo que ha impedido una solución inmediata.
Detrás de esta disputa institucional se esconde una realidad más compleja: más de 70 niños emberá duermen a la intemperie en la carrera Séptima, sin garantías mínimas, mientras el Estado —en todos sus niveles— se limita a cruzar acusaciones sin resolver de fondo la crisis.
La situación ha dejado al descubierto no solo las falencias estructurales de la ciudad en materia de atención a población indígena desplazada, sino también los límites del discurso de legalidad del alcalde Galán. ¿Se están protegiendo los derechos de los menores, o se están utilizando estos casos para justificar medidas represivas y desgastar a la comunidad indígena en la opinión pública?
La respuesta no es sencilla, pero lo claro es que, mientras se prolonga esta batalla burocrática y política, los niños emberá siguen siendo víctimas del olvido, atrapados entre la indiferencia institucional y la precariedad urbana.
