David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y ex presidente de la Cámara de Representantes, se encuentra en el centro de una controversia tras la publicación de conversaciones que lo vinculan con la solicitud de cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Según revelaciones del periodista Daniel Coronell, Racero habría solicitado al director del SENA, Jorge Londoño, la asignación de puestos en la regional del Cesar, específicamente aquellos que anteriormente estaban bajo el control del Centro Democrático. En los mensajes, Racero pregunta: «¿Crees viable que los puestos del Centro Democrático nos los den a nosotros en el Cesar, de OPS?» .
Además, se ha señalado que José Luis Mayorca, tío de Racero, estaría involucrado en la gestión de estos cargos. Mayorca, quien ha tenido aspiraciones políticas y vínculos con el sector salud, habría sido mencionado por Racero como la persona encargada de coordinar con el director regional del SENA en el Cesar para la asignación de los puestos.
Estas revelaciones se suman a otras denuncias contra Racero, incluyendo presuntas irregularidades en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), donde se le acusa de solicitar parte del salario a sus colaboradores y de asignarles tareas en negocios personales.
Ante la gravedad de las acusaciones, la Corte Suprema de Justicia ha abierto dos investigaciones preliminares contra Racero por posibles actos de corrupción y tráfico de influencias. Por su parte, Racero ha negado las acusaciones y ha solicitado que se le investigue para esclarecer los hechos.
Este caso ha generado preocupación sobre la transparencia en la asignación de cargos públicos y ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en las instituciones estatales.
