El secuestro de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años raptado el 3 de mayo en su vivienda en Potrerito, Jamundí (Valle del Cauca), ha conmocionado a Colombia. Tras 18 días de cautiverio, el menor fue liberado gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo.
Las investigaciones señalan que el Frente Jaime Martínez, una disidencia de las FARC, perpetró el secuestro. Alias ‘Oso Yogui’, cabecilla de esta estructura, es identificado como el autor intelectual del crimen. Este individuo ya era buscado por su participación en atentados contra la fuerza pública en Cali y Palmira .
Las autoridades han emitido órdenes de captura contra tres miembros de las disidencias vinculados al secuestro de Lyan . Aunque inicialmente se pensó que el móvil era una extorsión a la familia, propietaria de joyerías, nuevas revelaciones apuntan a que el secuestro fue una represalia relacionada con una antigua deuda del padre del menor, asesinado en 2013 y vinculado al grupo paramilitar Los Rastrojos .
Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en Colombia y la necesidad de proteger a los menores del conflicto armado y las actividades delictivas de grupos ilegales.
