La senadora Carolina Espitia, del Partido Alianza Verde y miembro de la Coalición Centro Esperanza, lideró un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado centrado en la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Su intervención tuvo como objetivo evaluar el uso del presupuesto asignado a esta entidad y la demora en la selección de directores y directoras regionales, lo que ha generado preocupación sobre la eficiencia institucional en la atención a la infancia y adolescencia del país.
terminarEspitia llamó la atención sobre el proceso meritocrático que permitiría a los gobernadores designar a los directores regionales, asegurando que ha tardado más de dos años sin avances concretos. “Es urgente que se agilicen las ternas y se permita a los mandatarios regionales tomar decisiones que fortalezcan la gestión local del ICBF”, afirmó.
La senadora también denunció que en la vigencia de 2024 se dejaron de ejecutar más de 80.000 millones de pesos destinados a inversión en programas clave para la niñez. Subrayó la necesidad de que el instituto mejore su capacidad de ejecución presupuestal y propuso revisar los mecanismos administrativos actuales, señalando que existe un alto grado de ineficiencia en la delegación y descentralización de funciones.
Otro punto crítico abordado fue el control sobre los operadores de los servicios. Espitia fue enfática al afirmar que el ICBF no puede justificar fallas en la prestación de servicios argumentando que los operadores externos no cumplieron con sus obligaciones. “La responsabilidad final es del instituto”, puntualizó, y pidió implementar mecanismos de control y verificación más rigurosos.
Durante el debate, también se abordó el caso del jardín “Jardines Canadá”, en el que la senadora insistió en una intervención directa del ICBF para evitar que se repitan fallos similares.
Por su parte, Astrid Cáceres, directora del ICBF, explicó que los retrasos en la ejecución presupuestal obedecen a aplazamientos en las partidas asignadas y demoras en los giros por parte del Ministerio de Hacienda. Además, indicó que la lentitud en la elección de directores regionales responde a procesos de verificación de antecedentes y suspensiones judiciales.
Finalmente, Espitia reiteró que el ICBF tiene una responsabilidad central en la garantía de los derechos de la infancia, especialmente en un contexto en el que el conflicto armado sigue afectando a los menores. “Lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo debe cumplirse, y los recursos no pueden quedarse sin ejecutar”, concluyó.
Redacción CNM
