En un operativo de alto impacto realizado por la Fiscalía General de la Nación, se ha destapado una presunta alianza criminal entre miembros del ‘Clan del Golfo’ y efectivos de la Fuerza Pública, específicamente de la Armada Nacional. La operación ha permitido la captura y judicialización de siete personas, entre ellas dos infantes de marina y un exintegrante de la Armada, todos ellos acusados de facilitar actividades ilegales en el departamento del Chocó.
Capturas clave en la operación
Las investigaciones, lideradas por un fiscal especializado de la Dirección contra las Organizaciones Criminales, han logrado desmantelar una red de colaboración entre los cabecillas del ‘Clan del Golfo’ y miembros activos de las Fuerzas Armadas, quienes supuestamente proporcionaban apoyo logístico y estratégico a la organización criminal. Entre los capturados se encuentran figuras clave del grupo armado, como José Albeiro Aguirre Aguirre, alias ‘Luis’, señalado como el cabecilla financiero del ‘Clan del Golfo’, y Nelson Hurtado Vanegas, alias ‘Chamber’, quien lideraba el ala narcotraficante del grupo en la región.
Junto a ellos, fueron detenidos otros miembros de la subestructura conocida como Pacífico o Playas, incluyendo a los dos infantes de marina que habrían facilitado información crucial sobre los operativos de las autoridades, lo que permitió a los cabecillas del ‘Clan del Golfo’ evadir la acción policial.
Corrupción dentro de la Fuerza Pública
Las pruebas recopiladas durante la investigación apuntan a una red de corrupción que implicaba pagos mensuales a los uniformados a cambio de información estratégica que beneficiaba al ‘Clan del Golfo’. Según las autoridades, los dos infantes de marina habrían recibido pagos de hasta $3.000.000 mensuales por entregar datos clave que permitían a los cabecillas del grupo criminal eludir operativos de captura.
Uno de los involucrados, Román Antonio Rico García, alias ‘RR’, exintegrante de la Armada Nacional, habría recibido pagos aún mayores, alcanzando hasta $10.000.000 mensuales. Su rol, según la Fiscalía, consistía en entregar información precisa sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad, lo que facilitaba la huida de los líderes del ‘Clan del Golfo’.
Incautación de material ilícito
El operativo, realizado en conjunto con la Policía Nacional y la Armada, tuvo lugar en diferentes localidades del Chocó, como Juradó, Bahía Solano y Nuquí. Durante el registro a las propiedades de los capturados, las autoridades lograron incautar material que confirmaría la vinculación de los detenidos con actividades criminales. Entre los objetos recuperados se encuentran siete teléfonos celulares, casi $24 millones en efectivo, $64 dólares en billetes de baja denominación, un morral de campaña, cintelas militares, municiones calibre 9 milímetros y un teléfono satelital.
Medidas de aseguramiento y judicialización
Tras las capturas, la Fiscalía solicitó la imposición de medidas de aseguramiento en centro carcelario para todos los detenidos. La solicitud fue aprobada por un juez de control de garantías, quien ordenó que los implicados fueran privados de libertad mientras avanzan las investigaciones en su contra. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, así como fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Impacto de la operación
Esta operación no solo ha logrado debilitar la estructura logística del ‘Clan del Golfo’, sino que también ha puesto en evidencia un grave problema de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. La colaboración de miembros de la Armada Nacional con una de las organizaciones criminales más poderosas del país subraya la magnitud de la infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público.
El caso continúa bajo investigación, y las autoridades han señalado que se explorarán otras posibles conexiones entre los detenidos y otros miembros de las Fuerzas Armadas, con el fin de erradicar la corrupción y garantizar que aquellos encargados de la protección de la ciudadanía no sean cómplices de actividades ilegales.
Esta operación representa un paso importante en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones del Estado, pero también pone de manifiesto los retos que enfrenta Colombia en su batalla contra el crimen organizado y la infiltración de estos grupos en diferentes esferas del poder.
