La Fiscalía General de la Nación ha solicitado al Juzgado 3 de Control de Garantías de Bogotá que se imponga una medida de aseguramiento en prisión contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por su presunta participación en un caso de corrupción en la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). La Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias relacionados con la compra irregular de carrotanques en La Guajira y otros contratos fraudulentos dentro de la entidad.
Durante la audiencia, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, presentó pruebas que vinculan a Sandra Ortiz con el pago de sobornos por un total de 3 mil millones de pesos al entonces presidente de la Cámara, Iván Name. Esta acción formaría parte de un esquema de corrupción que implicaría a varios miembros del partido político Alianza Verde, al que pertenecía Ortiz.
La solicitud de prisión preventiva se basa en la posible implicación de Sandra Ortiz en la gestión irregular de contratos públicos a favor de congresistas, lo que generó un perjuicio al erario público. En el caso también están involucrados Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, quienes firmaron un preacuerdo con la Fiscalía.
Si el Juzgado 3 de Control de Garantías acepta la solicitud de la Fiscalía, Sandra Ortiz se convertiría en la primera detenida en el marco de este caso de corrupción que ha afectado a la UNGRD. La Fiscalía continuará trabajando para asegurar que los responsables enfrenten la justicia por estos hechos de corrupción pública.
