Bogotá, mayo de 2025 — Una nueva controversia sacude el panorama mediático colombiano. El presidente Gustavo Petro ha puesto en la mira al Canal Uno, proponiendo una nueva licitación de su señal con el argumento de que actualmente estaría operado por intereses extranjeros. Esta movida, que ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de tomar control sobre el canal, desató fuertes reacciones en el Congreso, la industria y la opinión pública.
¿Un nuevo RTVC en camino?
La propuesta presidencial de revisar la concesión actual del Canal Uno despertó inquietudes sobre un posible modelo similar al de RTVC, la plataforma estatal que ha sido duramente criticada por su sesgo a favor del gobierno. Varios analistas han advertido que esta estrategia podría significar un paso más hacia el fortalecimiento del aparato mediático oficialista.
Las comparaciones con el programa «Prevención y Acción» de la era Duque no se han hecho esperar. Petro ha estado transmitiendo consejos de ministros y discursos en franjas prime time, algo que ha sido interpretado como una jugada para consolidar su narrativa en medios públicos.
La tensión con el Canal Uno
El conflicto se intensificó en octubre de 2024, cuando Petro acusó a los actuales operadores del Canal Uno de generar una “masacre laboral” tras la entrada del Grupo Prisa como accionista, a pesar de que los directivos del canal aseguran que la propiedad sigue siendo completamente colombiana.
Ramiro Avendaño, presidente del canal, fue enfático: “No existe ninguna vía administrativa para que el Gobierno intervenga Canal Uno. La concesión está vigente hasta 2037 y fue legalmente adquirida”.
¿Libertad de prensa en riesgo?
La representante Katherine Miranda calificó la propuesta del presidente como un intento de expropiación, recordando que el canal fue adjudicado por más de 117 mil millones de pesos, a través de un proceso legal. “Si el Gobierno decide revocar la concesión, estaremos frente a un gravísimo precedente para la libertad de prensa y la seguridad jurídica en el país”, afirmó.
Mientras tanto, sectores del periodismo independiente alertan sobre el riesgo de que Canal Uno se convierta en un megáfono del Gobierno, como ya ha ocurrido —según denuncias— con algunos espacios de RTVC.
¿Qué sigue?
El debate está sobre la mesa. La propuesta del presidente Petro de revisar o revocar la concesión del Canal Uno plantea una pregunta crucial para la democracia colombiana:
¿Es esta una medida legítima para democratizar los medios, o un paso peligroso hacia el control estatal de la información?
