La justicia guatemalteca ha emitido órdenes de captura contra Iván Velásquez Gómez, actual embajador de Colombia ante la Santa Sede y excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia. Ambos son acusados de asociación ilícita, obstrucción de justicia y conspiración en relación con el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht .
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por obstruir investigaciones anticorrupción, sostiene que Velásquez y Camargo, durante su gestión en la CICIG, habrían negociado acuerdos de colaboración con ejecutivos de Odebrecht que resultaron en beneficios indebidos para la empresa. Curruchiche alega que ambos formaban parte de una «estructura criminal» que operó en Guatemala durante años .
La reacción del gobierno colombiano fue inmediata. El presidente Gustavo Petro rechazó categóricamente las acusaciones, afirmando: «Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga» . Además, Colombia llamó a consultas a su embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza, en señal de protesta .
Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también expresó su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía de su país, calificándola como una acción sin sustento legal y con fines políticos. Arévalo destacó que la CICIG operaba bajo un acuerdo con la ONU que otorgaba inmunidad a su equipo para investigar casos de corrupción, incluido el de Odebrecht .
Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han señalado que estas acciones forman parte de un patrón de criminalización contra operadores de justicia que lucharon contra la impunidad en Guatemala. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el debilitamiento del estado de derecho y la persecución de quienes han liderado esfuerzos anticorrupción en la región .
Hasta el momento, no se ha confirmado si existen solicitudes formales de extradición contra Velásquez y Camargo. Sin embargo, la situación ha generado una crisis diplomática entre Colombia y Guatemala, con tensiones que podrían escalar si no se encuentra una solución basada en el respeto al derecho internacional y la cooperación judicial.
